Una treintena de congresistas colombianos de todo el espectro político, junto al ministro de Interior, Alfonso Prada, comenzarán este sábado una misión para visitar los 65 municipios más violentos y golpeados por el conflicto del país.

"Hemos escogido 65 municipios en los cuales la situación de violencia es la más grave y a esos territorios vamos a ir las autoridades nacionales", explicó a Efe el senador y presidente de la Comisión de Paz del Congreso colombiano, Iván Cepeda.

La misión empieza mañana en Caldono, municipio del Cauca (suroeste), uno de los que más sufrió tomas armadas por parte de las FARC y que lideró los índices de homicidios, y que aún hoy sigue viviendo el yugo de la violencia.

Según Cepeda, "allí hay cifras (de violencia) tal vez las más altas" y en ese municipio también viven pueblos indígenas que "son blancos privilegiados de esa estrategia criminal".

"En esa zona del país y en muchas otras los pueblos indígenas están al borde de ser pues exterminados", aseguró el senador, que pertenece a la coalición oficialista, el Pacto Histórico.

Responsabilidades y leyes 

Con la misión pretenden, primero, trasladar un mensaje positivo a estas zonas que han vivido un vacío del Estado que no fue llenado tras el acuerdo de paz con las FARC y también pedir cuentas a algunos actores armados, como la misma fuerza pública.

"Ahora hay oficiales de la Fuerza Pública que van a tener que responder por la seguridad de las personas que están amenazadas", relató Cepeda. Y "si esos oficiales no muestran resultados en la protección de la vida, van a ser removidos de esas localidades y pasarán seguramente a otras".

De esa forma, buscan recopilar experiencias para legislar estrategias que establezcan en estos municipios "puestos en los que toda la institucionalidad va a estar reuniéndose semanalmente a verificar cuál es la situación de riesgo con relación a estas personas" y repiensen el papel del Ejército y la Policía.

"El presidente (Gustavo) Petro (...) les ha dado la orden a los mandos militares a que privilegien la defensa de la vida de las comunidades y no el provocar, como se dice en lenguaje militar, bajas al enemigo", resumió Cepeda, que explicó que el Gobierno —apoyado por el Congreso donde el Pacto Histórico es la fuerza más numerosa, aunque no mayoritaria— quiere invertir la lógica.

De esa forma, dice, "los resultados de la fuerza pública no se van a medir tanto por cuántos enfrentamientos tengan, cosa que por supuesto seguirá ocurriendo, con estos grupos armados, sino por cuántas vidas van a salvar en el territorio".

Narcotráfico 

En estas visitas, el narcotráfico y las formas de combatirlo tendrán "un papel central", pues no se puede negar que esta práctica ilegal es una de las gasolinas de la violencia y que los municipios más golpeados son los que más plantaciones de coca —y explotaciones mineras o petroleras— concentran en Colombia.

Pero, según el senador, "hay que crear una lógica distinta" al abordar el problema del narcotráfico que "no puede seguir siendo visto como un problema estrictamente penal de una guerra contra las drogas", que es como se ha abordado por medio siglo en Colombia, con resultados, en palabras de Cepeda, fracasados.

"Vamos a diseñar una política que tenga en cuenta otras variantes que son importantes", subrayó el senador, que puso como ejemplos el incluir una reforma rural que estimule la producción campesina y políticas sanitarias para atajar el programa de las drogas desde la legalización de algunas, como la marihuana.

EFE